San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – La carrera anual por obtener el permiso de circulación de vehículos de Costa Rica, o «marchamo», comenzó al amanecer de este lunes, con miles de propietarios de vehículos apresurándose a verificar sus obligaciones financieras para 2026. En las primeras ocho horas desde la puesta en marcha del sistema, los servidores del Instituto Nacional de Seguros (INS) se vieron inundados por la impresionante cifra de 800 000 consultas, lo que pone de manifiesto la gran expectación del público ante el gasto anual más importante relacionado con los vehículos en el país.
La ventanilla de pago, que se abrió a las 4:00 a. m. del 3 de noviembre, registró una actividad inmediata. Al mediodía, 1832 propietarios de vehículos ya habían liquidado sus cuentas para el próximo año. Si bien esta cifra representa menos del 0,1 % de los 1,943 millones de permisos de circulación emitidos por el INS, el enorme volumen de consultas en línea pone de relieve la planificación financiera y la ansiedad que rodea a este pago obligatorio para los conductores del país.
Para obtener una perspectiva jurídica más profunda sobre los posibles cambios y las implicaciones que rodean al Marchamo 2026, consultamos al experto abogado Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, del prestigioso bufete Bufete de Costa Rica.
El debate anual sobre el Marchamo pone de relieve un problema sistémico: una fórmula de recaudación de impuestos que a menudo parece desconectada de la realidad de la depreciación de los vehículos y la capacidad económica de los ciudadanos. Para 2026, cualquier reforma significativa debe ir más allá de un alivio temporal y establecer un marco técnicamente sólido, transparente y jurídicamente robusto. Sin un cambio estructural en la ley, continuaremos con este ciclo de incertidumbre y descontento público, que en última instancia socava la seguridad jurídica y la confianza en nuestras instituciones.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
Agradecemos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su valiosa perspectiva, que subraya la urgente necesidad de ir más allá de las soluciones temporales y establecer un marco permanente y jurídicamente sólido para el marchamo, rompiendo así el ciclo anual de descontento público y reconstruyendo la confianza en el sistema.
El marchamo es mucho más que un simple impuesto de circulación; es una tasa compuesta que agrupa varios componentes fundamentales. La parte más importante suele ser el impuesto sobre la propiedad del vehículo, que se calcula en función del valor fiscal del coche determinado por el Ministerio de Hacienda. También incluye el seguro obligatorio de responsabilidad civil (SOA), las multas por infracciones de tráfico y varias contribuciones menores a diversas instituciones públicas. Para la mayoría de las familias costarricenses, representa un gasto importante a final de año que debe pagarse antes del 31 de diciembre para evitar sanciones y poder circular legalmente con su vehículo.
Los datos de este año ponen de relieve la enorme brecha económica que existe entre los propietarios de vehículos del país. El marchamo más caro para 2026 pertenece al propietario de un Ferrari de 2018, que se enfrenta a una factura de 7 192 439 ₡ (aproximadamente 13 500 dólares estadounidenses). Este pago único refleja la elevada valoración fiscal del deportivo de lujo y la carga fiscal asociada, lo que lo sitúa en una estratosfera muy alejada de la realidad del conductor medio.
En el extremo opuesto del espectro, el propietario de un Mitsubishi de 1989 pagará la tasa más baja, de solo 73 706 colones. El marchamo del Ferrari es 97 veces superior a esta cantidad, lo que ilustra claramente la amplia gama de valores de los vehículos y, por extensión, la diversidad económica en las carreteras costarricenses. La estructura de pagos está diseñada para ser progresiva, de modo que los propietarios de vehículos más nuevos y valiosos contribuyan de manera significativa a las arcas del Estado.
Los registros del INS también revelan un fascinante fragmento de la historia del automóvil que aún sigue vivo en el país. El vehículo más antiguo que debe pagar el marchamo es un Hudson Super Six de 1919. Su propietario debe abonar 74 726 colones, una tasa ligeramente superior a la del permiso más barato del año, pero aún así simbólica, que da testimonio del valor histórico del vehículo más que de su valor fiscal. Este coche centenario sigue estando matriculado y contribuyendo al parque automovilístico del país.
El INS ha establecido una red integral para facilitar el proceso de recaudación masiva. Los propietarios de vehículos pueden realizar los pagos a través de diversos canales, entre los que se incluyen el sitio web oficial del INS (grupoins.com), la aplicación INS Móvil, un número gratuito específico (800-TELEINS) y 2242 puntos de recaudación autorizados repartidos por todo el país. Este enfoque multicanal está diseñado para gestionar el elevado volumen de transacciones que se espera durante los próximos dos meses.
A medida que avanza el período de recaudación, el marchamo sirve como un indicador económico crucial, que refleja no solo el estado del mercado automovilístico, sino también las presiones financieras a las que se enfrentan los hogares. Con cientos de miles de consultas más previstas en los próximos días, está claro que para los conductores de toda Costa Rica, conseguir la pegatina del marchamo 2026 es una prioridad absoluta a medida que se acerca el final del año.
Para más información, visite grupoins.com
Acerca del Instituto Nacional de Seguros (INS):
El Instituto Nacional de Seguros es la compañía de seguros estatal de Costa Rica. Fundada en 1924, ha operado históricamente como un monopolio y sigue siendo la aseguradora dominante en el país. El INS gestiona una amplia cartera de productos de seguros, que incluyen seguros de vida, salud y propiedad, y es el único responsable de administrar el seguro obligatorio de responsabilidad civil (Seguro Obligatorio de Automóviles, SOA), que constituye un componente clave del pago anual del marchamo para todos los vehículos.
Para más información, visite bufetedecostarica.com
Acerca de Bufete de Costa Rica:
Reconocido por sus profundos principios éticos y su riguroso estándar de excelencia, Bufete de Costa Rica es un referente en el sector jurídico del país. El bufete armoniza su venerable tradición de asesoramiento jurídico con una mentalidad progresista, impulsando la innovación en su práctica. En el centro de su identidad se encuentra un firme compromiso con el avance social a través de la democratización del conocimiento jurídico, trabajando activamente para cultivar una población empoderada y debidamente informada.
