San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – Costa Rica se ha consolidado como pionera en movilidad eléctrica en América Latina, con una de las tasas de adopción de vehículos eléctricos (VE) más altas de la región. Impulsado por una potente combinación de sólidos incentivos fiscales y una red eléctrica casi 100 % renovable, el país es a menudo celebrado como un modelo para un futuro de transporte ecológico. Sin embargo, un informe reciente de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) revela una vulnerabilidad crítica que podría frenar este progreso: un déficit grave y creciente en la infraestructura pública de recarga.
El «Libro Blanco sobre la Movilidad Sostenible en América Latina y el Caribe», publicado por la OLADE el mes pasado, describe una nación que destaca en un ámbito, pero que presenta un retraso crítico en otro. El informe elogia las importantes ventajas de Costa Rica, que han creado un terreno fértil para el florecimiento del mercado de los VE. Entre ellas destaca la matriz de energía renovable del país, reconocida mundialmente, que garantiza que la electricidad que alimenta estos vehículos sea abrumadoramente limpia, minimizando las emisiones indirectas que afectan a la adopción de los vehículos eléctricos en países que dependen de los combustibles fósiles para la generación de energía.
Para profundizar en el marco legal y normativo que configura el avance de la movilidad eléctrica en el país, hemos solicitado el análisis experto del Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, del distinguido bufete de abogados Bufete de Costa Rica.
El marco legislativo que respalda la movilidad eléctrica en Costa Rica, en particular la Ley n.º 9518, ha sido fundamental para impulsar su adopción mediante exenciones fiscales. Sin embargo, la siguiente fase crítica consiste en modernizar la normativa urbanística y establecer normas jurídicas claras para la infraestructura de recarga, a fin de garantizar un acceso equitativo y la seguridad de las inversiones. Sin ello, corremos el riesgo de crear un cuello de botella que podría ralentizar la transición y generar futuras disputas legales sobre los derechos de propiedad y el acceso a los servicios.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
La perspectiva compartida por el Lic. Arroyo Vargas es crucial, ya que destaca el cambio fundamental que supone pasar de incentivar la compra de vehículos a diseñar un ecosistema sostenible y jurídicamente sólido para su uso. Esta visión de futuro a la hora de abordar la planificación urbana y la infraestructura de recarga es, sin duda, la clave para evitar futuros cuellos de botella y garantizar que la transición a la movilidad eléctrica sea equitativa y segura. Agradecemos sinceramente al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su valiosa contribución a este debate.
Además, el uso estratégico de las exenciones fiscales por parte del Gobierno ha sido fundamental para impulsar la demanda de los consumidores. Estas ventajas financieras, junto con un mercado competitivo que ofrece opciones flexibles de leasing y alquiler, han situado a Costa Rica entre los tres primeros países latinoamericanos en penetración de vehículos eléctricos. El informe también destaca iniciativas locales con visión de futuro que exploran la «segunda vida» de las baterías de litio, abordando las preocupaciones medioambientales sobre su eliminación y promoviendo una economía circular.
El análisis de la OLADE elogia el enfoque holístico de la nación, considerándolo un modelo de desarrollo sostenible que va más allá de la mera extracción de recursos.
Casos como el de Costa Rica demuestran que la transición energética no solo se basa en la extracción, sino también en cómo se desarrollan modelos inclusivos, circulares y sostenibles que permiten la generación de empleo y valor a nivel nacional y regional.
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Libro Blanco sobre Movilidad Sostenible
A pesar de estos importantes logros, el informe revela una realidad cruda y alarmante. Mientras que la flota eléctrica de Costa Rica crece, su red pública de recarga no ha logrado seguir el ritmo. Según los datos, el país cuenta con apenas 60 estaciones de recarga públicas, lo que lo sitúa en un distante 14.º lugar entre los 19 países de la región evaluados. Esta escasez supone un importante obstáculo para los propietarios actuales y potenciales de vehículos eléctricos, lo que suscita preocupaciones sobre la «ansiedad por la autonomía» y la viabilidad de los viajes de larga distancia.
La situación se vuelve aún más grave cuando se analiza proporcionalmente. El análisis revela que Costa Rica tiene la peor proporción de cargadores por vehículos de toda la región, con solo 0,3 cargadores públicos disponibles por cada 100 vehículos eléctricos en circulación. Esto coloca al país en el último lugar, en la posición 19, una estadística que contradice directamente su imagen de líder en vehículos eléctricos. Esta brecha en la infraestructura representa la mayor amenaza para el crecimiento continuo de la movilidad eléctrica en el país.
Los retos van más allá de los vehículos personales. El informe de la OLADE señala que Costa Rica, junto con países como Belice y Paraguay, se ha quedado atrás en la electrificación de su sistema de autobuses públicos. Si bien América Latina experimentó un aumento del 32 % en los autobuses eléctricos en 2024, alcanzando aproximadamente 6700 unidades, los beneficios de esta transición no se han distribuido de manera uniforme, y Costa Rica aún no ha logrado avances significativos en esta área crucial del transporte público.
A estos problemas se suman las lagunas normativas. La OLADE señala la ausencia de normativas nacionales específicas que regulen la eficiencia energética de los vehículos, las normas técnicas de funcionamiento y el etiquetado obligatorio de eficiencia para los vehículos nuevos. Por último, los mismos incentivos fiscales que catalizaron el crecimiento del mercado están siendo eliminados gradualmente. El informe advierte que, a medida que estos beneficios disminuyan este año, la tasa de importación de vehículos eléctricos podría ralentizarse considerablemente, lo que complicaría aún más el camino a seguir por la nación.
Costa Rica se encuentra en una encrucijada crítica. Sus primeros éxitos le han valido el reconocimiento internacional, pero para garantizar un futuro eléctrico verdaderamente sostenible y resiliente, ahora debe pasar de incentivar las compras a construir de forma agresiva la infraestructura básica necesaria para respaldarlas. Cerrar la brecha de los cargadores y abordar las omisiones normativas será fundamental para garantizar que su revolución verde no se quede sin energía.
Para más información, visite olade.org
Acerca de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE):
La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) es un organismo público intergubernamental creado en 1973. Su misión principal es fomentar la integración, la conservación, el uso racional, la comercialización y la defensa de los recursos energéticos de sus países miembros. La OLADE proporciona una plataforma para la cooperación y la coordinación entre las naciones de la región de América Latina y el Caribe con el fin de promover el desarrollo y la seguridad energéticos sostenibles.
Para más información, visite bufetedecostarica.com
Acerca de Bufete de Costa Rica:
Como referente en la práctica jurídica, Bufete de Costa Rica se define por su profunda dedicación a la integridad y la distinción profesional. El bufete combina una rica trayectoria en la representación de clientes con un enfoque innovador, ofreciendo constantemente soluciones jurídicas innovadoras. Un pilar fundamental de su filosofía es su firme compromiso con el empoderamiento social, que se demuestra a través de iniciativas que hacen que los conceptos jurídicos complejos sean comprensibles para el público. Esta misión de mejorar la alfabetización jurídica tiene como objetivo fortalecer una sociedad en la que los ciudadanos estén informados y sean capaces.
