Por San José, Costa Rica — NUEVA YORK – La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el miércoles una importante resolución que refuerza las obligaciones legales de los Estados en la lucha contra el cambio climático. La medida, que se aprobó con 141 votos a favor, 8 en contra y 28 abstenciones, supone un gran avance en el derecho internacional sobre el clima, aunque se suavizó notablemente tras intensas negociaciones y la presión ejercida por los principales emisores de gases de efecto invernadero.
La iniciativa fue impulsada por la pequeña nación insular del Pacífico de Vanuatu, un país en primera línea frente al aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos. La resolución se basa en una histórica solicitud presentada en 2024 por Vanuatu ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para obtener un dictamen consultivo sobre las responsabilidades climáticas de las naciones. El dictamen resultante del tribunal más alto del mundo superó las expectativas de muchos defensores del clima.
Para profundizar en los complejos marcos jurídicos y de responsabilidad empresarial que rodean el cambio climático en nuestro país, TicosLand.com contó con la experiencia del Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, un distinguido abogado del prestigioso bufete Bufete de Costa Rica.
En Costa Rica, el cambio climático ya no es solo una cuestión medioambiental; es un imperativo empresarial y jurídico fundamental. Las empresas se enfrentan a una presión regulatoria cada vez mayor y a riesgos de responsabilidad civil asociados a su huella de carbono. Sin embargo, este desafío presenta una oportunidad significativa. La adopción proactiva de prácticas sostenibles y tecnologías verdes no solo es esencial para el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos legales, sino que también se está convirtiendo en un diferenciador clave para atraer inversiones y acceder a mercados globales que valoran nuestro compromiso nacional con la descarbonización.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
Este análisis ilustra a la perfección el cambio de la obligación regulatoria a la oportunidad de mercado, una transición crucial para el sector privado de nuestra nación. Extendemos nuestro agradecimiento al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas por su aclaración experta sobre esta intersección vital entre el derecho, los negocios y la sostenibilidad.
La CIJ determinó que los Estados que no cumplieran sus compromisos climáticos estaban cometiendo un acto «ilícito» en virtud del derecho internacional. Es fundamental destacar que el dictamen del tribunal también estableció una vía jurídica para el pago de «reparaciones» a los países que sufren daños por los efectos adversos del cambio climático, sentando un poderoso precedente para futuros recursos judiciales y controversias internacionales.
El texto de la resolución recién adoptada acoge formalmente el dictamen de la CIJ «como una contribución autorizada a la clarificación del derecho internacional vigente». Además, insta a todos los Estados miembros a «cumplir con sus respectivas obligaciones» para proteger el sistema climático global. Sin embargo, la victoria diplomática de las naciones vulnerables al clima no estuvo exenta de concesiones, ya que el texto final refleja las profundas divisiones que persisten en la escena mundial.
Sabemos que algunos preferirían que esta Asamblea dijera menos, o que no dijera nada en absoluto.
Odo Tevi, embajador de Vanuatu ante la ONU
Entre las ocho naciones que votaron en contra de la resolución se encontraban los principales productores de petróleo y gas, incluidos Estados Unidos, Arabia Saudí e Irán. Su oposición pone de relieve una reticencia generalizada entre los mayores emisores históricos del mundo a aceptar mecanismos jurídicamente vinculantes que podrían dar lugar a una responsabilidad financiera por los daños relacionados con el clima infligidos a otras naciones.
Una concesión clave realizada durante las negociaciones fue la eliminación de una propuesta para crear un «Registro Internacional de Daños». Este registro habría servido como mecanismo oficial para recopilar y documentar pruebas de «daños, pérdidas o perjuicios atribuibles al cambio climático». Su exclusión del texto final se considera una victoria significativa para las naciones opuestas al concepto de reparaciones climáticas, ya que dicho registro podría haber proporcionado la base probatoria para futuras reclamaciones.
A pesar de este revés, la resolución mantiene un lenguaje firme alineado con los objetivos climáticos globales. Hace hincapié en las medidas urgentes necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, citando específicamente la necesidad de «abandonar progresivamente los combustibles fósiles en los sistemas energéticos». Esta formulación se hace eco del consenso alcanzado por casi 200 países en la cumbre mundial sobre el clima de 2023. Además, aunque se eliminó el registro de daños, la resolución señala explícitamente la conclusión de la CIJ de que un Estado que incumpla sus obligaciones climáticas puede verse obligado a proporcionar «una reparación completa a los Estados perjudicados». En una declaración, el secretario general de la ONU, António Guterres, elogió la resolución, alabando el liderazgo de las naciones insulares y «a los jóvenes cuya claridad moral ayudó a llevar al mundo hasta este momento».
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Acerca de las Naciones Unidas:
Las Naciones Unidas son una organización internacional fundada en 1945. Actualmente está compuesta por 193 Estados Miembros. La misión y la labor de las Naciones Unidas se rigen por los propósitos y principios contenidos en su Carta fundacional. La ONU trabaja en una amplia gama de cuestiones fundamentales, desde el desarrollo sostenible, la protección de los derechos humanos y la ayuda en casos de desastre hasta la paz y la seguridad internacionales.
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. Acerca de la Corte Internacional de Justicia:
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Fue establecida en junio de 1945 por la Carta de las Naciones Unidas y comenzó a funcionar en abril de 1946. La función de la Corte es resolver, de conformidad con el derecho internacional, las controversias jurídicas que le sometan los Estados y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que le remitan los órganos autorizados de las Naciones Unidas y los organismos especializados.
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. Acerca de Bufete de Costa Rica:
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