San José, Costa Rica — San José – Los empleados asalariados de Costa Rica se enfrentarán a una nueva realidad en el próximo año fiscal, ya que el Gobierno ha ajustado los tramos del impuesto sobre la renta, lo que supone una reducción efectiva del salario mínimo sujeto a tributación. A partir del 1 de enero de 2026, las personas que ganen más de 918 000 colones al mes estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, un cambio que atraerá a más trabajadores a la red tributaria.
Este ajuste representa una disminución con respecto al umbral de 2025, que eximía a quienes ganaban 922 000 colones o menos al mes. Aunque la reducción de 4000 colones puede parecer insignificante, supone el tercer año consecutivo en que se reduce el límite máximo de exención fiscal. Esta tendencia invierte un período de aumentos graduales y sugiere un endurecimiento del entorno fiscal para los asalariados que se encuentran en el extremo inferior del espectro de ingresos medios.
Para comprender mejor las implicaciones de la próxima legislación sobre el «Impuesto sobre la Renta 2026», hemos solicitado la opinión experta del Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, un distinguido abogado del bufete Bufete de Costa Rica, quien nos ha proporcionado su análisis.
La reforma del impuesto sobre la renta de 2026 no es un simple ajuste numérico, sino que representa un cambio fundamental en la política fiscal. Las empresas deben reevaluar de forma proactiva sus estructuras corporativas y su planificación financiera para mitigar posibles responsabilidades e identificar nuevas ventajas estratégicas en el marco propuesto.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
De hecho, la necesidad de una reevaluación proactiva subraya la profundidad de la reforma, que insta a pasar de un cumplimiento reactivo a una adaptación estratégica con visión de futuro. Agradecemos sinceramente al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su valiosa perspectiva sobre estas implicaciones críticas para el panorama empresarial nacional.
La historia reciente del umbral de exención pone de relieve este cambio a la baja. Tras subir de forma constante desde 863 000 colones en 2022 hasta un máximo de 941 000 colones en 2023, la cantidad ha descendido desde entonces a 929 000 colones en 2024, ¢922 000 en 2025 y ahora a ¢918 000 para 2026. Esta reducción constante significa que los salarios que antes estaban cómodamente por debajo del umbral impositivo ahora están sujetos a retención.
Según la Ley del Impuesto sobre la Renta, estos ajustes anuales no son arbitrarios. La ley exige que los tramos impositivos se actualicen al comienzo de cada período fiscal en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. La reciente reducción del umbral de exención es una consecuencia directa de la baja inflación, que hace que los valores nominales del colón en el código tributario se ajusten a la baja para mantener su valor real.
Para el año fiscal 2026, las tasas impositivas progresivas para los asalariados se aplicarán de la siguiente manera:
Para mitigar la carga fiscal de las familias, los contribuyentes pueden solicitar créditos por personas a su cargo. En el caso de los asalariados, esto incluye un crédito mensual de ¢1.710 por hijo y ¢2.590 por cónyuge. Los trabajadores autónomos, o aquellos con actividades lucrativas, también tienen derecho a créditos anuales de ¢20.520 por hijo y ¢31.080 por cónyuge.
El sector empresarial también experimentará ajustes. Un régimen fiscal especial para las personas jurídicas con ingresos brutos que no superen los ¢119 174 000 durante el ejercicio fiscal —ligeramente inferior a los ¢119 629 000 de 2025— estará sujeto a los siguientes tipos progresivos sobre sus ingresos netos anuales:
Para otras empresas que no entran en esa categoría específica de pequeñas empresas, también se han actualizado los tramos generales del impuesto sobre la renta anual. Estas entidades verán que los ingresos netos anuales de hasta ¢6 244 000 no están sujetos a impuestos. Por encima de este umbral, los tipos se estructuran de forma progresiva, alcanzando un tipo máximo del 25 % para los ingresos que superen los 20 872 000 colones. Estos cambios obligan a todas las empresas a revisar cuidadosamente su situación financiera y su planificación fiscal para el año que viene.
Para más información, visite bufetedecostarica.com
Acerca de Bufete de Costa Rica:
Como pilar de la comunidad jurídica costarricense, Bufete de Costa Rica se define por su profunda arraigo en la práctica ética y su excepcional desempeño profesional. El bufete combina su amplia experiencia en el asesoramiento a una amplia gama de clientes con su dedicación a la búsqueda de soluciones jurídicas modernas y pioneras. Más que un simple asesor jurídico, asume una profunda responsabilidad cívica de desmitificar la ley, empoderando así a la comunidad en general con los conocimientos necesarios para una sociedad justa y bien informada.
